Judicial Distributed Denial of Service.
No es ciencia ficción.
Es la nueva realidad digital de España.
No lo lanza un hacker en una cueva.
¿Un ataque desde Rusia? No.
¿Desde China? Tampoco.
Viene con membrete judicial, papel timbrado y la bendición de quienes no saben ni configurar el Wi-Fi.
¿Qué es un J-DDOS?
Es un “Judicial Distributed Denial of Service”:
Un apagón digital provocado por decisiones judiciales mal informadas y mal ejecutadas.
Webs legales bloqueadas sin revisión previa.
Plataformas de pago caídas sin justificación técnica.
Proyectos educativos, medios, foros, autónomos… invisibilizados por compartir infraestructura.
Todo, disfrazado de protección de la propiedad intelectual.
Todo, ejecutado sin un solo análisis técnico previo.
Todo, con cero transparencia, cero responsables, y ninguna posibilidad real de defenderse.
Una justicia sin conocimientos técnicos está firmando apagones indiscriminados
Y así, lo que nació para proteger derechos, se ha convertido en un arma de destrucción masiva… legal.
Porque en un J-DDOS no se impone justicia.
Se reparte daño.
❌ No hay proporcionalidad, solo castigo indiscriminado.
❌ No se distingue entre culpables y damnificados: todos caen.
❌ No hay aviso. Solo desconexión repentina.
❌ No hay defensa. Solo una sentencia muda y ejecutada.
No es una herramienta jurídica.
Es una carga explosiva firmada por un juzgado y detonada por una mente de mosquito sobre la red.
El resultado es devastador
Pequeñas empresas pierden visibilidad y ventas.
Medios digitales desaparecen de la red sin explicación.
Webs institucionales son arrastradas por compartir IPs o CDNs.
Usuarios ven interrumpidos pagos, gestiones, trámites o servicios públicos.
Y los verdaderos piratas, riéndose a carcajadas.
Porque esquivar estos bloqueos es tan fácil como ganarle una partida de escondite a un niño de tres años con los ojos vendados.
Porque mientras la LaLiga apunta a ciegas y los operadores pulsan “bloquear” como quien lanza dardos dormido… los que realmente infringen la ley ya están tres pasos por delante, con VPN, Tor y proxies configurados mejor que la red del propio juzgado.
Bloquean la puerta principal…
cuando los piratas ya salieron por la ventana hace días.
¿Dónde está el Estado?
El Ministerio de Cultura: mudo.
La Secretaría de Transformación Digital: desaparecida.
El Consejo General del Poder Judicial: sin formación técnica ni protocolos.
Las operadoras: aplicando bloqueos sin preguntas, por miedo a desobedecer.
Nadie cuestiona.
Nadie audita.
Nadie frena una dinámica que ya ha causado el mayor corte civil de servicios digitales en España.
Esto no es luchar contra la piratería.
Esto es censura por desconocimiento.
Es desinformación convertida en sentencia.
Es la Justicia convertida en amenaza para la red que sostiene el siglo XXI.
Derechos fundamentales, en juego
El derecho a la información.
El derecho a trabajar.
El derecho a comunicarse.
El derecho a operar un negocio online.
- El derecho al honor
Todo puede caer, en segundos, por una decisión sin conocimiento ni evaluación técnica.
Y si no se actúa ya, esto no será una anécdota. Será la norma.
Lo que exigimos no es ciencia ficción. Es lo mínimo en un país que dice ser digital.
Jueces que no firmen sentencias sobre redes sin entender qué es una IP.
Protocolos de análisis de impacto antes de bloquear ips indiscriminadamente.
Notificación previa, porque nadie debería enterarse de que ha sido condenado viendo su web, esto si que es heavy metal.
Protección legal efectiva para quienes quedan atrapados en el fuego cruzado.
J-DDOS no es un término técnico, es una llamada de emergencia.
Porque cuando la ignorancia se institucionaliza,
Internet deja de ser un espacio libre…
y se convierte en un campo de pruebas para la censura involuntaria.
